A 10 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, mejor conocida como “Ley de Medios K”, convocamos a seis expertos del campo de la Comunicación para hablar de cómo podría ser una posible política de medios durante la presidencia de Alberto Fernández.
Por Pablo Díaz Marenghi
Un día después del último debate presidencial, Alberto fue otra vez noticia por su reacción ante la prensa. “Andá a trabajar de periodista” le respondió a un cronista cuando le consultó por el discreto rol asumido por la ex presidenta y actual vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner durante la campaña. Poco tiempo después de haber sido ungido con la candidatura presidencial por su compañera de fórmula, dijo, muy suelto de cuerpo, en una entrevista al diario Tiempo Argentino del 26 de mayo que “si el Grupo Clarín tiene alguna posición dominante o alguna posición para-monopólica o cuasi-monopólica, se resuelve con las leyes de Defensa de la Competencia y de Defensa del Consumidor (…) La Ley de Medios (sic) puede ser una gran herramienta si es que queremos multiplicar voces, y si queremos promover algo que, recuerdo, en esencia es un negocio. Porque ese fue uno de los errores de la Ley. Cuando la Ley dice que un tercio del espectro debe estar en manos de ONGs y de entidades sin fines de lucro. Porque no podés dejar en manos de una entidad sin fines de lucro un proyecto comercial. No es posible eso”. La abogada y co-redactora de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) 26.522/09 (que el 10 de octubre último cumplió diez años de su sanción) Graciana Peñafort le respondió en un artículo publicado en Revista Noticias: “La nueva realidad del mercado audiovisual y las innovaciones tecnológicas pondrán en crisis muchos de los paradigmas existentes. Lo que no puede entrar en crisis es la certeza respecto a la información como derecho inescindible de la democracia. Y que los medios de comunicación, más allá de realizar una actividad de evidente contenido económico, deben subordinarse en su actividad al pleno y efectivo ejercicio del derecho de acceso la información de los ciudadanos”. Las declaraciones de Fernández, por momentos vehementes y, otras veces, moderadas, han generado dudas en propios y ajenos en torno a qué haría con los medios. A la vez, se prestó para entrevistas en cuanto programa de TV, radio o portal web se le presentó ¿Pesará su antigua buena relación con el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto? ¿Vuelve 678? ArteZeta convocó a seis expertos, técnicos, investigadores y actores de la comunicación alternativa/comunitaria/popular a opinar sobre el tema.
La coyuntura actual en materia de medios, lo que Macri nos legó
Martín Becerra es Doctor en Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, docente de la Universidad de Quilmes (UNQ), la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador del Conicet. Afirma que Macri “prometió que, al derogar por decreto artículos de la LSCA, iba a ‘modernizar’ la normativa del sector, hacer una ley integral. A eso se comprometió primero en nuestro país, después lo hizo en la Comisión Interamericana de DD.HH, y formó una comisión que hizo varias consultas públicas. En algunas participé, entendiendo que cada vez que el Estado me convoca participo en esas instancias. Pero el gobierno fue incapaz al cabo de casi cuatro años de redactar siquiera un proyecto. Participé del único proyecto que fue presentado en todos estos años de macrismo, que es el que presentó el Partido Socialista en 2017. Un proyecto integral de comunicaciones convergentes, que tiene estado parlamentario, y que una diputada (Alicia Ciciliani, mandato cumplido) lo presentó en el Congreso. Obviamente el Partido Socialista no tiene en Argentina la capacidad de motorizar la agenda parlamentaria, por lo que las mayorías parlamentarias no estuvieron interesadas en tratarlo y el proyecto quedó archivado. Y el gobierno de Macri dijo que iba a hacer una cosa y no lo hizo. Hoy tenemos un escenario regulatorio donde sigue vigente una parte de la LSCA, una parte de la Ley de Telecomunicaciones TIC… están vigentes los decretos de Macri, algunos son DNU y otros decretos “pelados”, otras son resoluciones del ENACOM. No respetan siquiera la jerarquía institucional, ya que en algunos casos normas de jerarquía inferior modifican normas superiores, o sea, con una reglamentación modifican su propio decreto. Es un Frankenstein regulatorio: el brazo es del kirchnerismo, la pata es la Ley de Telecomunicaciones de 1972 de Lanusse, la cabeza es de Macri, con un decreto. Hoy hay un problema clarísimo en términos de algo que en general los voceros del mercado siempre enfatizan: la seguridad jurídica y la calidad institucional. Si hay algo que hizo Macri de modo clarísimo es reventar la seguridad jurídica y desmadrar cualquier noción de calidad institucional en el campo de las comunicaciones, porque no hay lógica en todo el cuerpo normativo. A veces yo me imagino que, si hubiese existido alguna inversión extranjera, como se prometía, en el sector de las comunicaciones, y tuviera que venir una empresa, para entender toda la maraña de decretos, reglamentaciones y leyes contradictorias entre sí que hay en Argentina tendría que hacer un doctorado”.
Pablo Sirvén es periodista, Secretario de Redacción del diario La Nación y autor de varios libros y artículos sobre medios de comunicación. También sostiene que el gobierno de Macri “prometió una Ley y se quedó por el camino” y afirma: “no me parece bien que haya volteado así rápidamente artículos de la LSCA por decreto”.
Guillermo Mastrini es Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, docente de la UNQ y la UBA. Afirma que el macrismo tuvo “un discurso fuerte de que su política de comunicación iba a estar guiada por el principio de convergencia pero si uno analiza los hechos concretos, la convergencia hasta ahora ha sido escasa. Es más un discurso que una política. Se favoreció el desarrollo de las grandes empresas del mercado. Es decir, más que convergencia, con el macrismo tuvimos concentración. Se verifica poca convergencia y mucha concentración. Quienes cuestionaron las formas del kirchnerismo en políticas de comunicación fueron mucho menos republicanos que el kirchnerismo. Toda la política de comunicación del macrismo está basada en el decreto del Poder Ejecutivo, en la centralización de la autoridad de aplicación (ENACOM) para hacerla mucho más vinculada al Ejecutivo que lo que el kirchnerismo había hecho con la AFSCA, que originalmente era poco vinculada pero que con la práctica estuvo mucho más vinculada. Pero en el macrismo está mucho más vinculada. No participa, directamente, la oposición, o no hay una oposición real, mejor dicho, en las estructuras, como el ENACOM, y se han eliminado las instancias de participación que había por debajo”.
Mastrini señala una paradoja en el discurso macrista: “quienes hablan de transparencia y republicanismo han sido poco transparentes en la práctica, poco democráticos, poco republicanos. Tiene que ver, me parece, con una falta de mayoría política que a nivel parlamentario le impide los consensos necesarios para modificar la ley. Por lo tanto, se han manejado en una comodidad de la centralización de las decisiones en el Ejecutivo, y por decreto”. Además de lo que respecta al macrismo, Mastrini señala un contexto comunicacional complejo a nivel global debido, en gran parte, al desarrollo tecnológico y a la migración mediática de lo analógico a lo digital: “los sistemas de comunicación están en crisis en todo el mundo. La economía convergente del ecosistema comunicacional todavía no ha definido un modelo de negocio. En ese sentido, no hay ley que lo pueda garantizar. Cada uno de los afectados, o de los participantes en el mercado del sistema comunicacional, quiere regulaciones que, en definitiva, protejan sus intereses de mercado. Lo que hemos visto después de este sacudón que ha implicado la digitalización es que nadie cree en el libre mercado. Todos creen en el libre mercado mientras son los más grandes. El día que venga un competidor más grande creen en el mercado protegido. Y esto es constante. En distintos niveles empresariales siempre se reclama que el Estado intervenga a su favor frente a alguna amenaza, y en este caso son amenazas externas. Creo que en general el Estado no se ha preocupado de tener una política activa de intervención sobre las industrias culturales y, en particular, sobre los sistemas de medios. Eso ha hecho que los ganadores sean las empresas más grandes. Ahora, no le atribuiría toda la crisis del sector a la política gubernamental porque estamos en una transformación del ecosistema de medios donde hay cosas que se hubieran generado con uno u otro gobierno. Sería injusto decir que todo es responsabilidad de la política de comunicación. Más allá de que yo crea que, efectivamente, hacia algunos sectores (especialmente a los que no pertenecen al gran sector empresarial) la política pública ha sido muy limitada”. Mastrini es tajante a la hora de pronosticar un futuro cada vez más complejo para la comunicación: “Esta transformación general y esta falta de modelo de negocios hace que sea muy difícil encontrar un piso desde el cual pensar cómo va a ser el sistema de comunicación del futuro. La perspectiva es que nuevamente va a haber mayor concentración”.
Natalia Vinelli es Magister en Periodismo (UBA), docente (UBA) y una de las referentes de Barricada TV, canal alternativo, comunitario y popular que luego de años de lucha y de atravesar un sinfín de requerimientos y burocracias obtuvo una licencia para transmitir en Televisión Digital en la Ciudad de Buenos Aires. “Logramos primero una autorización precaria que nos permitió tener una mayor espalda para bancar el concurso. Luego se abrieron concursos en mayo de 2015 que se hicieron efectivos en noviembre de 2015, dos días después del balotaje que dio ganador a Mauricio Macri, el 24 de noviembre, obtuvimos la licencia. Después estuvimos todo el 2016 interferidos por Canal 13. Luego el ENACOM nos mudó de frecuencia, empezamos a emitir en la 32.1, y logramos la habilitación con el macrismo”. A la vez, describe el presente de un medio comunitario en la Argentina macrista: “Es más difícil sostenerse: las tarifas que tenemos que pagar de luz y gas para funcionar son impagables y los fondos de fomento no se están profundizando ni manteniendo”. Sobre la promesa no cumplida de una Ley de Comunicaciones Convergentes cree que “es una muestra más de cómo ha venido operando el gobierno de MM. En campaña prometieron un montón de cosas (pobreza 0 , acabar con la inflación) que no cumplieron ninguna. Fueron cambiando con parches y resoluciones la LSCA siempre en beneficio del mercado. Entienden la comunicación como una mercancía y, obviamente, el Grupo Clarín fue el principal beneficiado de su política”.
José Crettaz es Licenciado en Comunicación Social (Universidad Austral), Master en Administración de Empresas MBA (UADE) y docente de la misma casa de estudios. Sostiene que “Macri no logró salir del inmovilismo (sic) más allá de eliminar algunos artículos de la ley vigente,a los hachazos, creando un Frankenstein regulatorio que es el que tenemos hoy (que combina legislaciones de los años 80 con legislaciones de los 90 con legislación del gobierno kirchnerista con legislación generada por el propio macrismo). No lo logró”.
Ernesto Lamas es docente de la UBA y uno de los fundadores de FM La Tribu en 1989, una de las principales radios comunitarias de la Argentina que recién en 2019, treinta años después de su creación, obtuvo su licencia. Sobre legislación mediática afirma que “La LSCA sigue vigente. Es cierto que fue inutilizada en sus ejes principales, que ponían límite a la concentración y fomentaban una re distribución de las posiciones en el mercado. También fue anulado el espacio de representación sectorial y ciudadano que era el Consejo Federal de comunicación audiovisual (CoFeCA) en el que tenían voz y voto desde las universidades nacionales, los sindicatos, las redes de medios comunitarios. Pero buena parte del articulado sigue vigente y constituyen un piso de derechos desde el cual se debería construir una nueva ley. Sigue vigente el reconocimiento al tercer sector de medios (comunitarios, pueblos originarios, sin fines de lucro), el Fondo de fomento destinado a ese sector y la reserva del 33% del espectro, Siguen vigentes algunos organismos como la Defensoría del Público de servicios de comunicación audiovisual (DPSCA) o el Instituto Nacional de la Música (INAMU) aunque en el caso del primero está acéfalo desde 2017, luego intervenido por el oficialismo en septiembre de 2018 y actualmente está virtualmente paralizado, casi sin acciones territoriales, con directores desplazados y muy escasa relación con las audiencias a las que debería defender”.
Sobre los decretos de MM que suspendieron artículos de la Ley, Lamas señala: “algunas organizaciones presentaron un pedido de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la situación (decreto que habilitaba una mayor concentración en lugar de limitarla; quitaba autarquía legal a las autoridades, la violación del estándar de la obligación de transmitir o must carry y el principio de legalidad porque un DNU no cumple con los estándares de la Corte Interamericana, ni aún refrendándose por el Congreso). La CIDH organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a las organizaciones denunciantes (CELS, Coalición, Universidades públicas, redes de medios) y al gobierno. En esa audiencia los representantes del gobierno mintieron descaradamente, hablaron del decreto como una serie de “reformas transitorias mientras se avanza en un nuevo marco regulatorio”. Prometieron enviar en un plazo de 90 días un proyecto al Congreso para reemplazar la LSCA por una ley de comunicaciones convergentes. Al día de hoy eso no sucedió”.
Dudas y certezas: ¿Cómo podría ser una futura Ley de Medios con Alberto Fernández?
Sirvén se pone a pensar sobre una posible ley que democratice la comunicación en la Argentina y teoriza: “trataría de despojarla en lo máximo posible de ideología. Trataría de que fuera muy práctica. Las leyes tienen que ser muy prácticas, muy fáciles de aplicarse. Tienen que ser razonables, obedecer a lo justo. En algún punto se había hablado de desarrollar un tercer sector, medios de organización no gubernamental, ni medios privados ni estatales”. En particular, sobre un futuro gobierno de Fernández, pone en tela de juicio su autonomía a la hora de gobernar: “habrá que ver si tiene realmente el poder en sus manos o es un poder bipolar en donde quizás, incluso, sea más importante Cristina Kirchner dado su liderazgo”.
Pensando en un AF gobernando en plenitud, Sirvén no espera grandes cambios en materia de medios ya que, sostiene, “tuvo una postura dentro del kirchnerismo más tranquila y más de consensuar con las grandes empresas, especialmente con el Grupo Clarin, ademas de las declaraciones que viene haciendo (dijo que la guerra terminó, que no hay guerra con el grupo Clarín). Por su discurso, en general, con los medios no parece que fuera un tema que le interese demasiado”. Otros aspectos que cree centrales en materia comunicacional serían “que la Argentina pueda subir rápidamente a los avances tecnológicos y que sean accesibles. Creo que se ha hecho un gran esfuerzo en la cobertura del 4G. Hay mucho, todavía, para lograr en un país tan grande, con tanta diversidad territorial/étnica/cultural que, me parece, sería interesante expandir. Todo va de la mano de cómo funcione la economía, porque los los privados viven de la publicidad. Y para que haya publicidad en cantidad tiene que funcionar primero, mucho mejor de lo que está funcionando hoy en día (que está bastante famélica), la economía. Necesitamos una real reactivación y un círculo virtuoso de crecimiento, cosa que hasta ahora no se ha dado”.
Becerra vislumbra un escenario “muy complicado, porque acá sobre llovido es mojado” con la sociedad civil como protagonista y da sus razones: “Además de este Frankenstein regulatorio lo que tenemos es una situación de crisis en la economía de los medios, con despidos por doquier y una precarización muy fuerte. O sea que es un escenario malo pero espero, obviamente, que exista fuerza social y política que presione al próximo gobierno para que el tema vuelva a estar en la agenda pública. Porque están cerrando medios locales, y su cierre le quita oxígeno y volumen al debate democrático y a la existencia misma de una sociedad democrática. Un grupo se está llevando todo en bandeja y al resto lo están reventando”.
Rememora la situación del 2009 con la sanción de la LSCA: “esa sanción canalizó décadas de trabajo y consenso previo, siempre dificultoso, entre distintas fuerzas sociales y políticas. Esperemos que a futuro la sociedad argentina –que ha sido capaz de articular posiciones de avanzada en materia de derechos colectivos, libertad de expresión, acceso a los medios y la cultura– sea capaz de reeditar una discusión pública de esa naturaleza”. El especialista en medios no observó el tema en la primera plana de la campaña de los principales candidatos pero, aclara: “la política es siempre un juego de muchos actores. No de uno solo. Por más que alguien no lo tenga en su agenda, en muchos casos es la sociedad la que les pone la agenda, los tiempos y las dificultades a sus dirigentes. Y en ese sentido confío más en la sociedad argentina que en la dirigencia política”.
Mastrini coincide con Becerra al no ver el tema de regulación mediática en la agenda pública actual. “Más bien las señales que dio Alberto Fernández fueron en el sentido contrario”, agrega. Analiza el escenario que tendría AF en su gobierno en materia de medios: “Creo que el macrismo le facilitó algunas cosas: como todos los cambios fueron por decretos presidenciales bastaría con otros decretos para anularlos. Eso sin grandes costos. Podría restablecer algunos funcionamientos, como los del AFSCA, que es interesante. No sé si va a estar en la agenda prioritaria de Alberto, pero tiene un abanico de posibilidades más amplio y diverso”. También observa “presiones corporativas fuertes desde distintos ámbitos para fortalecer algunos negocios particulares. Una muestra de ellos fue lo que ocurrió con la ley de responsabilidades de intermediario de internet, que no pudo ser aprobada. Porque los alineamientos ahí muchas veces no son estrictamente partidarios, sino por capacidades de lobby que operan transversalmente sobre los distintos partidos”.
Sobre el futuro de la regulación en materia mediática, Vinelli sostiene que “la ley audiovisual no es una línea de montaje donde cambia el gobierno y cambia la ley. Me parece que en algunos aspectos la ley quedó bastante retrasada. Hay un montón de cuestiones que la ley no regulaba (fundamentalmente en relación a las tecnologías, al periodismo gráfico o al tema del papel). Creo que una nueva LSCA debería contemplar como punto de partida los núcleos contextuales fundamentales de la ley 26.522: la desconcentración de medios y la democratización de la comunicación”.
Vinelli piensa, a partir de su experiencia como trabajadora de la comunicación y militante en Barricada TV, un futuro gobierno de AF: “Pudimos atravesar estos cuatro años porque resistimos. Hay una demanda social de diversidad, de distintas perspectivas, de poner en discusión determinados temas que los medios comerciales no ponen en discusión. Creo que hay una función social que está presente y que permitió que pudiésemos atravesar este período. En el caso de un gobierno de Alberto Fernández, y recordando el debate sobre la LSCA, nosotros acompañamos ese proceso desde una posición crítica movilizados en la calle. En la calle conseguimos que finalmente pudieran salir lo permisos precarios y los concursos y fuimos garantizando cada una de las conquistas que obtuvimos. No podemos esperar que el Estado, desde arriba, sea quien desarrolle la política como si no hubiera una relación de articulación, en la medida que haya movilización y disidencia los temas los vamos a seguir planteando. Nunca nadie nos regaló nada. Lo que ganamos, lo ganamos en la calle. Allí lo defendimos estos cuatro años y lo seguiremos garantizando”.
Respecto a la futura presidencia de Fernández, Crettaz no cree, primero, que logren una mayoría suficiente para aprobar una nueva LSCA. Además, agrega, sobre AF que “por las declaraciones, por la visita al evento de Clarín en el MALBA, por sus posicionamientos públicos, no creo que esté dispuesto a modificar nada. Creo que va a mantener el status quo actual que le puede convenir a las empresas, a él y a los políticos pero a los que seguramente no le convienen es a los ciudadanos de a pie, los que usan internet y los que quieren verse reflejados en sus historias audiovisuales/texto/música en las obras culturales. Lamento el pesimismo”, concluye.
Crettaz reflexiona acerca de cómo debería ser una ley que democratice la comunicación aunque, aclara: “Creo que en la Argentina la comunicación es bastante democrática y sería bastante más democrática si el acceso a internet fuera mucho más universal, accesible en términos económicos” y, sobre esto último, agrega algunas ideas: “podría haber una especie de subsidio/tarifa social/asignación universal digital para quienes no puedan pagarlo”. También resalta la importancia de la Red Federal de Fibra Óptica: “Se convirtió en una política de Estado: arrancó con el gobierno anterior y siguió con este”. También recomienda mirar a otros países para seguir su ejemplo en materia de telecomunicaciones: “¿Qué hicieron los países que tienen los mejores servicios? Bueno, hay que hacer lo mismo. No hay que inventar ninguna otra cosa”. Reflexiona sobre la conectividad: “ Por un lado, la TV por cable te llega por internet (incluso existe la IPTV, TV por cable sobre el protocolo de internet). Las cooperativas ingresaron más tardíamente al sistema de TV por cable y dan cable por internet, parecido a Netflix/Spotify y otras plataformas que además les compiten a esos mismos proveedores, le compiten a Cablevisión/Movistar TV. Se necesitan leyes que estimulen el tendido de redes. Argentina estuvo y está retrasado en ese sentido. Es un país muy grande”. También señala la importancia de “fomentar la producción de contenidos nacionales. Una cosa que no sucedió con la LSCA es que no se produjo contenidos nacionales. Te van a decir que es al revés, que si hubo. Eso es mentira. La inversión en contenidos nacionales que hubo en los últimos cinco años de gobierno de CFK fue a partir de planes creados ad hoc, por fuera de la LSCA, que gestionó el ex ministro Julio de Vido a través del Ministerio de Planificación Federal. No el Ministerio de Cultura. No el INCAA. Una especie de ministerio de cultura dentro del ministerio de obras públicas que manejó De Vido y que, a partir de ahí, se produjeron un montón de series y contenidos (de promedio de calidad bastante flojo, con algunas excepciones, algunos muy buenos productos). Eso también se abandonó, entre otras cosas, porque no es hijo de esa ley. Estaba en la voluntad política del gobierno de ese momento. ¿Qué ley hay que tener? Una que promueva la conectividad. ¿Dónde existe eso? En Chile, EE.UU, Europa (España, Inglaterra) Australia, Colombia”. Por último, sugiere unificar los programas de fomento: “habría que unificar todos los fondos que se fueron superponiendo con el tiempo, muchas cosas muy buenas (políticas de estado como por el Fondo de Fomento Cinematográfico) y crear un solo gran ámbito de fomento de la cultura, probablemente con capítulos (uno más audiovisual, uno más editorial, otro del mundo de la música) y, por supuesto, con concurso y reglas pre establecidas que no dependan de la voluntad política del gobierno de turno”.
Mastrini coincide con Crettaz en resaltar la importancia de la tecnología en la actualidad: “Habría que generar un gran debate de los sectores interesados de la comunicación, porque la digitalización y los procesos de convergencia han desactualizado los diagnósticos que uno puede tener. Cuando antes uno hablaba de medios estaba claro que se refería a la radio, la televisión por cable o de aire. Hoy ‘medios’ es un término que define poco. ¿Qué pasa con Facebook? ¿Qué pasa con las plataformas? ¿Son medios o no? Hay todo un debate y una nueva entrada de actores que requieren una actualización del diagnóstico. También se debe tener un pensamiento estratégico sobre cuáles son los sectores que se quieren fortalecer, cuáles promover o cuáles facilitar que existan”. El académico define cuál debería ser, según su mirada, la función de una política de comunicación: “promover un interés público distinto al del mercado. Que no sea exclusivamente el del mercado, mejor dicho. Tiene que actualizar los debates. El tema de las convergencias tiene que estar en el centro, primero como diagnóstico y, después, con criterio estratégico de políticas públicas de la comunicación”.
Lamas reflexiona a partir de la LSCA, la cual, considera, “debe ser tomada como piso y no como techo. El paradigma expresado en la LSCA debería ser el que rige en una nueva ley de comunicaciones convergentes”. Advierte una dificultad a futuro a partir de la gestión macrista: “El contexto significó una regresión en lo que a limites a la concentración intentó la LSCA. Esa mayor concentración (cuyo principal ejemplo es la adquisición de Telecom de parte del grupo Clarín transformandose en la fusión más grande del sector de las comunicaciones en Argentina: Clarín/Telecom/Cablevisión) supondrá un escenario más complicado para cualquier gobierno que intente poner un límite o regular al sector poniendo condiciones que permitan un desarrollo plural, diverso y democrático del sector garantizando la libertad de expresión”. Hipotetiza una futura gestión de AF en materia mediática: “probablemente permita una interlocución distinta con los sectores que vienen alertando por la falta de pluralismo en los medios, la híper concentración, la falta de competencia entre medios comerciales, el vaciamiento del sistema público y el acorralamiento de medios sin fines de lucro, comunitarios y de pueblos originarios”.
El fundador de FM La Tribu también se hizo eco a las declaraciones de AF vertidas al diario Tiempo Argentino, las cuales encendieron varias alarmas, sobre todo dentro de los promotores de la comunicación alternativa, comunitaria y popular y se expresó al respecto: “Los medios comunitarios o sin fines de lucro existen en Argentina desde los años 80. En este momento hay en el aire alrededor de 500 radios y televisoras que tienen esa característica. Son, en su mayoría, empresas comunitarias, de propiedad social, cooperativas y autosostenibles. Fueron durante años espacios abiertos a la comunidad, para hacer visible una realidad que los medios comerciales no reflejaban y los medios estatales desconocían. Abrieron su agenda a temas que hoy parecen obvios pero no lo eran entonces: feminismo, movimientos sociales, derechos humanos. Dieron voz pública a sectores de la sociedad que no accedían a los medios (campesinos, sindicatos clasistas, referentes sociales, jóvenes y luchadorxs en general). Compitieron con menos potencia de emisión pero con alto profesionalismo y una agenda alternativa y plural. Lograron sostenibilidad económica gracias a tener primero sostenibilidad social. Las comunidades apoyaron de diversas maneras la existencia y desarrollo de estos medios, muchos de los cuales emiten en lugares a los que otros medios no les interesa llegar. Desconocer los derechos que se plantearon en la LSCA luego de años de lucha sería un retroceso para la democracia”.//∆z
